Fallo histórico en Italia: la Corte Suprema abre una nueva posibilidad para la ciudadanía italiana a descendientes de naturalizados

Durante casi dos años, miles de descendientes de italianos vieron frustradas sus expectativas de obtener el reconocimiento de la ciudadanía italiana. Personas que, hasta hacía poco tiempo, reunían todos los requisitos para iniciar una Gestión de Ciudadanía italiana comenzaron a encontrarse con rechazos administrativos y judiciales basados en una nueva interpretación de una ley que llevaba más de un siglo aplicándose de manera prácticamente uniforme.

El origen de ese cambio fue la Circular n.º 43347 del Ministerio del Interior italiano, publicada en octubre de 2024. A través de ella, se instruyó a prefecturas, comunes y demás organismos competentes a modificar el criterio con el que se analizaban los efectos que producía la naturalización de un ciudadano italiano sobre sus hijos menores de edad. Aquella decisión alteró una práctica administrativa consolidada durante generaciones y tuvo consecuencias directas sobre miles de expedientes de ciudadanía italiana iure sanguinis.

Ahora, ese escenario cambió de forma significativa. El 26 de julio de 2026, con publicación oficial el 27 de julio, las Secciones Unidas de la Corte Suprema de Casación italiana dictaron la Sentencia n.º 24045/2026, considerada uno de los pronunciamientos más relevantes de los últimos años en materia de ciudadanía italiana. La decisión fija un criterio uniforme para todos los tribunales italianos y recupera una interpretación histórica que había permanecido vigente durante más de un siglo.

La importancia de este fallo trasciende ampliamente el caso que dio origen al litigio. Su alcance puede repercutir sobre numerosos expedientes rechazados o cuestionados durante los últimos años y representa una noticia de enorme interés para quienes continúan buscando el reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia. Pero ¿qué fue exactamente lo que cambió? ¿Por qué una misma situación fue interpretada durante décadas de una manera y luego comenzó a resolverse de forma completamente distinta? Para comprender la trascendencia de esta decisión es necesario retroceder algunos años.

¿Cómo comenzó el problema que afectó a miles de descendientes?

Hasta hace muy poco, la respuesta era relativamente sencilla. Si un ciudadano italiano emigraba a países como Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos o Canadá —Estados que reconocen la ciudadanía por el lugar de nacimiento (ius soli)—, sus hijos nacían con dos ciudadanías desde el primer día de vida. Por un lado, eran ciudadanos del país donde habían nacido y, por otro, ciudadanos italianos por descendencia (iure sanguinis).

Durante más de cien años, esa circunstancia nunca representó un obstáculo para el reconocimiento de la ciudadanía italiana de las generaciones posteriores. La interpretación tradicional entendía que esos hijos ya eran ciudadanos italianos desde su nacimiento y que ese derecho no desaparecía automáticamente si, años después, su padre o su madre decidían naturalizarse ciudadanos del país donde residían.

Ese criterio fue sostenido de manera constante por la administración italiana, por numerosos dictámenes del Consejo de Estado y por distintas circulares ministeriales, que consideraban aplicable el artículo 7 de la antigua Ley 555 de 1912 como una norma especial destinada precisamente a proteger la situación de los hijos nacidos en países que atribuyen la ciudadanía por derecho de suelo. La propia Sentencia 24045/2026 recuerda que la Administración aplicó esa interpretación durante más de un siglo y cita expresamente antecedentes administrativos y ministeriales que la respaldaban.

Gracias a esa interpretación, un gran número de descendientes pudieron reconstruir sin inconvenientes la transmisión de la ciudadanía italiana a lo largo de varias generaciones. Sin embargo, ese escenario comenzó a modificarse a partir de una serie de decisiones judiciales dictadas entre 2023 y 2024, que dieron lugar a una nueva interpretación de la ley y abrieron uno de los debates jurídicos más importantes de los últimos tiempos.

El cambio de criterio que sorprendió a miles de familias

Algunas resoluciones de la Primera Sección de la Corte de Casación comenzaron a interpretar de manera diferente la relación entre los artículos 7 y 12 de la Ley 555 de 1912. Según esa nueva lectura, cuando un ciudadano italiano se naturalizaba voluntariamente extranjero mientras su hijo aún era menor de edad, ese hijo también perdía la ciudadanía italiana, aun cuando hubiera nacido siendo italiano por descendencia y, al mismo tiempo, ciudadano del país donde nació.

A partir de esa interpretación, el Ministerio del Interior emitió la Circular 43347/2024. Lejos de crear una norma nueva, la Circular instruyó a la administración para que adaptara inmediatamente su actuación a ese nuevo criterio jurisprudencial y comenzara a exigir pruebas adicionales respecto de la eventual recuperación de la ciudadanía italiana por parte del ascendiente afectado. Como consecuencia, numerosos expedientes pasaron a ser analizados bajo una lógica completamente distinta de la aplicada hasta ese momento.

Las consecuencias fueron inmediatas. Muchos descendientes que, hasta entonces, cumplían con todos los requisitos para obtener el reconocimiento de la ciudadanía italiana comenzaron a recibir resoluciones desfavorables. En numerosos casos, la línea de transmisión se consideró interrumpida porque un ascendiente había sido menor de edad cuando el progenitor que transmitía la ciudadanía se naturalizó ciudadano extranjero.

Para miles de familias descendientes de italianos, aquello significó mucho más que una discusión jurídica. Supuso ver cuestionado un derecho que durante décadas había sido reconocido de manera prácticamente uniforme por la propia administración italiana. La incertidumbre fue creciendo a medida que distintos tribunales comenzaron a adoptar soluciones diferentes frente a situaciones prácticamente idénticas, hasta que resultó evidente la necesidad de una respuesta definitiva por parte del máximo órgano de la Corte Suprema italiana.

¿Qué resolvió la Corte Suprema italiana?

La respuesta puede resumirse de forma sencilla: la Corte de Casación concluyó que la interpretación que se había impuesto durante los últimos años no era la correcta. Sin embargo, detrás de esa conclusión existe un razonamiento jurídico de enorme importancia que explica por qué este fallo tendrá consecuencias mucho más amplias que las de un caso individual.

Las Secciones Unidas, órgano encargado de unificar la interpretación del derecho cuando existen criterios contradictorios dentro de la propia Corte de Casación o entre distintos tribunales, analizaron la relación entre dos artículos de la antigua Ley 555 de 1912, norma que reguló la ciudadanía italiana durante gran parte del siglo XX.

El debate giraba en torno a cuál de esas disposiciones debía prevalecer. Por un lado, el artículo 12, utilizado por la interpretación más reciente para sostener que un hijo menor de edad seguía automáticamente la condición jurídica de su padre cuando este perdía la ciudadanía italiana por naturalización. Por otro, el artículo 7, concebido específicamente para proteger a los hijos de emigrantes italianos nacidos en países donde regía el principio del ius soli, es decir, donde la ciudadanía también se adquiere por el lugar de nacimiento.

La diferencia entre ambas interpretaciones era decisiva, porque de ella dependía que miles de personas conservaran o perdieran la posibilidad de demostrar una transmisión ininterrumpida de la ciudadanía italiana.

El artículo 7 vuelve a ocupar el lugar que siempre tuvo

Uno de los aspectos más importantes de la sentencia es que las Secciones Unidas reafirmaron que el artículo 7 de la Ley 555 de 1912 constituye una norma especial, diseñada precisamente para resolver este tipo de situaciones. En otras palabras, la Corte sostuvo que cuando una persona nació en un país que le otorgó automáticamente la ciudadanía por nacimiento y, al mismo tiempo, recibió la ciudadanía italiana por descendencia, ya era ciudadana italiana desde ese mismo momento.

Ese derecho, explica la sentencia, no puede desaparecer automáticamente por una decisión adoptada años después por su padre durante el ejercicio de la patria potestad. El artículo 7 tenía justamente la finalidad de proteger a los hijos de los emigrantes italianos frente a las consecuencias que podía generar la coexistencia entre distintos sistemas de atribución de la ciudadanía. Por esa razón, las Secciones Unidas concluyen que esa norma especial debe prevalecer sobre interpretaciones extensivas del artículo 12 que terminaban vaciando de contenido la protección prevista por el propio legislador de 1912.

Este razonamiento tiene una enorme trascendencia porque no solo modifica el resultado de un caso concreto, sino que además reconstruye la lógica histórica con la que Italia interpretó durante más de un siglo la transmisión de la ciudadanía por descendencia y devuelve seguridad jurídica a una materia que había quedado envuelta en una profunda incertidumbre.

¿Por qué este fallo es tan trascendente?

En muchas publicaciones periodísticas se resumió la decisión afirmando que la Corte "dejó sin efecto" la Circular 43347. Aunque esa expresión resulta útil para comprender el impacto práctico de la sentencia, desde un punto de vista estrictamente jurídico conviene hacer una precisión importante.

La Corte de Casación no analizó la validez administrativa de la Circular ni la declaró nula. Lo que hizo fue resolver definitivamente cuál es la correcta interpretación de la Ley 555 de 1912. Y como la Circular 43347 estaba construida sobre una interpretación distinta de esa misma ley, el criterio fijado ahora por las Secciones Unidas deja sin sustento jurídico la posición que el Ministerio del Interior había ordenado aplicar desde fines de 2024 en comunes, prefecturas y consulados italianos.

En términos prácticos, la consecuencia es enorme. El fundamento utilizado para rechazar miles de solicitudes deja de apoyarse en el criterio que la propia Corte Suprema considera hoy incorrecto, lo que modifica sustancialmente el panorama para quienes se encontraban alcanzados por esa interpretación.

¿Quiénes podrían verse beneficiados por esta decisión?

Esta es, probablemente, la pregunta que más se hacen hoy los descendientes de italianos. La respuesta requiere prudencia, porque la sentencia no significa que todas las personas recuperen automáticamente el derecho al reconocimiento de la ciudadanía italiana. Cada expediente presenta circunstancias particulares que deben analizarse de manera individual.

Sin embargo, el fallo fortalece de forma muy significativa la posición jurídica de quienes habían visto cuestionada la transmisión de la ciudadanía exclusivamente porque un ascendiente había sido menor de edad cuando el progenitor italiano se naturalizó ciudadano extranjero. En esos casos, el criterio fijado por las Secciones Unidas modifica por completo el punto de partida del análisis.

Donde antes se presumía que la transmisión de la ciudadanía había quedado interrumpida, ahora la Corte recuerda que esas personas ya eran ciudadanas italianas desde su nacimiento y que ese derecho no puede extinguirse automáticamente por una decisión posterior adoptada por su progenitor.

Naturalmente, ello no elimina los demás requisitos necesarios para acreditar la ciudadanía italiana iure sanguinis. Continúa siendo indispensable reconstruir correctamente toda la línea de descendencia, demostrar documentalmente cada vínculo familiar y verificar que no hayan existido otras causas de interrupción en la transmisión de la ciudadanía.

Un fallo que aporta seguridad jurídica

Otro aspecto que merece destacarse es el enorme valor institucional de esta decisión. Durante los últimos años coexistían resoluciones contradictorias: algunos tribunales mantenían la interpretación histórica, mientras que otros aplicaban el nuevo criterio que luego inspiró la Circular 43347. Esa disparidad generaba una gran incertidumbre para quienes iniciaban una Gestión de Ciudadanía italiana, porque el resultado podía depender del tribunal que analizara el caso.

Precisamente para resolver este tipo de conflictos intervienen las Secciones Unidas. Su función consiste en unificar la interpretación del derecho cuando existen criterios incompatibles entre sí, otorgando una referencia clara para todos los tribunales inferiores. Aunque cada proceso conserva sus particularidades, las decisiones de este órgano poseen una autoridad jurídica especialmente relevante y constituyen la principal guía para la resolución de casos similares.

Por ese motivo, muchos especialistas consideran que esta sentencia representa uno de los pronunciamientos más importantes de los últimos años en materia de ciudadanía italiana por descendencia. No solo pone fin a un debate jurídico que llevaba años generando incertidumbre, sino que también devuelve previsibilidad a miles de familias que habían visto cuestionado un derecho históricamente reconocido por la propia administración italiana.

¿Qué relación tiene este fallo con la Ley 74/2025?

Desde que se conoció la sentencia comenzaron a surgir numerosas preguntas entre los descendientes de italianos. La más frecuente es si este fallo significa que también quedaron sin efecto las restricciones incorporadas por el denominado Decreto Tajani, convertido posteriormente en la Ley 74/2025.

La respuesta es no, y comprender esta diferencia resulta fundamental . La sentencia dictada por las Secciones Unidas analiza un conflicto jurídico  distinto. Su objeto fue determinar cuál era la correcta interpretación de la antigua Ley 555 de 1912 respecto de los efectos que producía la naturalización del progenitor sobre un hijo que ya había adquirido la ciudadanía italiana desde su nacimiento.

En cambio, la Ley 74/2025 introdujo nuevas limitaciones para el reconocimiento administrativo de la ciudadanía italiana por descendencia mediante la incorporación del artículo 3-bis a la Ley 91/1992. Se trata de cuestiones jurídicas diferentes, con fundamentos distintos y que continúan recorriendo caminos procesales independientes.

Se trata, en definitiva, de dos procesos que avanzan en paralelo y que, tarde o temprano, podrían terminar dialogando entre sí. Por eso, más que nunca, resulta clave seguir de cerca cada novedad y analizar la situación particular de cada expediente antes de sacar conclusiones definitivas.

¿Por qué este fallo sigue siendo una noticia tan importante?

Ahora bien, ello no significa que ambos temas sean completamente ajenos entre sí. Vale la pena detenerse en un punto que muchos especialistas ya empezaron a señalar: los principios que la Corte de Casación reafirma en esta sentencia —la protección de la ciudadanía adquirida desde el nacimiento como un derecho originario, y la idea de que ese derecho no puede verse afectado por actos posteriores ajenos a la voluntad de quien lo adquirió— son, precisamente, principios que las restricciones generacionales incorporadas por la Ley 74/2025 vinieron a poner en discusión desde otro ángulo normativo.

Esto no quiere decir que la sentencia invalide, derogue o afecte la vigencia de la Ley 74/2025 —algo que, como ya se explicó, no ocurrió ni fue objeto de este litigio—, sino que expone una tensión conceptual entre dos líneas del derecho italiano que, hasta ahora, venían desarrollándose por separado. Por un lado, la Corte de Casación reafirma con fuerza la protección de derechos adquiridos desde el nacimiento; por otro, la reforma legislativa de 2025 introdujo límites de tipo generacional para el reconocimiento administrativo de esa misma ciudadanía. Son dos planos distintos —uno judicial, sobre interpretación de una ley de 1912, y otro legislativo, sobre el alcance actual del reconocimiento por descendencia— pero que dialogan entre sí, y no sería extraño que estos principios sean invocados en futuros planteos judiciales vinculados a la Ley 74/2025.

¿Qué deberían hacer quienes creen estar alcanzados por este fallo?

Antes de sacar conclusiones, conviene tener presente que este pronunciamiento no cierra el debate sobre la ciudadanía italiana por descendencia: abre un nuevo capítulo. Todavía restan definiciones importantes sobre cómo actuarán en la práctica las prefecturas, los comunes y los consulados italianos frente a los casos de descendientes cuyo ascendiente era menor de edad al momento de la naturalización de su progenitor, y de qué manera la administración adaptará sus criterios internos a la luz de este nuevo antecedente jurisprudencial.

Cada armado de expediente para ciudadanía italiana cuenta una historia diferente. Cambian las fechas de nacimiento, las naturalizaciones, el país donde ocurrieron los hechos, la documentación disponible y la legislación aplicable en cada generación. Por ese motivo, la primera recomendación es evitar conclusiones generales.

El hecho de que exista una sentencia favorable no significa que todos los casos obtendrán automáticamente el mismo resultado. Pero también es cierto lo contrario: muchas personas que habían dado por perdido su derecho podrían encontrarse hoy frente a un escenario jurídico muy diferente al existente hace apenas unos meses.

Quienes recibieron un rechazo fundado exclusivamente en la interpretación introducida por la Circular 43347, o quienes desistieron de iniciar su trámite porque entendían que la naturalización de un ascendiente hacía imposible continuar la línea de transmisión, deberían volver a analizar su situación a la luz del nuevo criterio fijado por las Secciones Unidas.

En numerosos casos será necesario revisar nuevamente la documentación requerida para la ciudadanía italiana, reconstruir toda la línea genealógica y determinar cuál es hoy la estrategia más conveniente para solicitar el reconocimiento de la ciudadanía italiana. Ese análisis resulta especialmente importante porque, tras la entrada en vigor de la Ley 74/2025, la vía adecuada dependerá de las circunstancias particulares de cada familia, de la fecha en que ocurrieron los hechos y de la normativa aplicable a cada generación.

No existen soluciones universales. Existen expedientes que requieren un estudio serio, individualizado y realizado a la luz del marco jurídico vigente.

Un nuevo capítulo para la ciudadanía italiana por descendencia

La Sentencia n.º 24045/2026 marca un antes y un después en uno de los debates jurídicos más importantes de los últimos años sobre ciudadanía italiana por descendencia. Después de un prolongado período de incertidumbre, la Corte Suprema italiana restableció un criterio que devuelve protagonismo al artículo 7 de la Ley 555/1912 y reconoce que quien adquirió la ciudadanía italiana desde su nacimiento no puede perderla automáticamente por una decisión posterior adoptada por su progenitor.

Para miles de descendientes de italianos, esta decisión representa mucho más que una discusión jurídica entre especialistas. Representa la posibilidad de que situaciones que parecían definitivamente cerradas vuelvan a ser analizadas bajo un criterio diferente, más coherente con la tradición jurídica italiana y con más de un siglo de práctica administrativa.

Al mismo tiempo, el fallo deja una enseñanza importante: las normas que regulan la ciudadanía italiana han experimentado cambios muy significativos durante los últimos años y hoy resulta indispensable analizar cada caso de manera individual. Antes de iniciar un trámite, presentar una demanda o dar por perdido un derecho, es fundamental determinar qué legislación resulta aplicable a cada generación y cuál es la estrategia jurídica más adecuada.

Después de años de incertidumbre, la Corte Suprema italiana volvió a colocar en el centro un principio fundamental: quien nació siendo ciudadano italiano no puede perder ese derecho automáticamente por decisiones adoptadas por otras personas. Para miles de familias descendientes de italianos, ese principio puede marcar la diferencia entre un expediente rechazado y una nueva oportunidad para obtener el reconocimiento de su ciudadanía.

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